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El concejal de San Justo, Bruno Beltrán, ha presentado una denuncia penal por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos asignados al municipio desde 2019. En una entrevista, Beltrán detalló cómo fondos recibidos por el municipio, que originalmente debían financiar la pavimentación de 20 cuadras, no se han utilizado según lo previsto. A pesar de haberse recibido el dinero y adquirido materiales en su momento, cinco años después aún faltan 10 cuadras por construir, y la ubicación y el uso de los materiales restantes es incierto.
Pavimentación inconclusa y posibles desvíos
Beltrán explicó que, en 2019, San Justo recibió un total de 20 millones de pesos, correspondientes a fondos de una deuda histórica de coparticipación que el Estado nacional debía a Santa Fe. Estos recursos fueron destinados a una obra de pavimentación para mejorar la infraestructura vial, y se adquirieron materiales de construcción con empresas locales. Sin embargo, solo la mitad de la obra fue completada en cinco años, y el edil subrayó que la falta de avance no se debe a problemas de presupuesto, sino a una aparente falta de control en el uso de los materiales.
El concejal detalló que, en reuniones investigativas con funcionarios municipales, se descubrió que materiales adquiridos originalmente para el proyecto de pavimentación se habrían usado en otro contexto. Según Beltrán, el municipio realizó un intercambio con un loteador privado, que proveyó bolsas de cemento a cambio de servicios municipales de pavimentación, destinando las bolsas para la pavimentación de 200 metros el año pasado.
Modificaciones irregulares en el presupuesto 2022
El concejal también denunció otras irregularidades, como el rechazo unánime por parte del Concejo a la rendición de cuentas del presupuesto municipal de 2022. La decisión se debió a incumplimientos de plazos de presentación y a cambios importantes en la distribución de fondos. Según Beltrán, partidas esenciales para la seguridad y la infraestructura, como videovigilancia y mantenimiento de calles, no fueron ejecutadas o se ejecutaron por debajo del presupuesto. En contraste, se registraron sobreejecuciones significativas en áreas no prioritarias, como «publicidad y propaganda» y «cafetería y refrigerio», con un gasto tres veces mayor al aprobado.
La polémica sobre las becas BIT
Otro aspecto de la denuncia se centra en el incremento inexplicable en los fondos para becas de introducción al trabajo (BIT), que representan pagos a personal eventual del municipio. Aunque el Concejo aprobó inicialmente 27 millones de pesos para esta partida, el gasto ascendió a 77 millones. «Queremos saber quiénes fueron los beneficiarios y la cantidad exacta de estos pagos, ya que estas cifras sugieren un volumen de trabajadores eventuales desproporcionado para una ciudad de 26,000 habitantes», señaló el edil.
Llamado a la justicia y respuesta de la comunidad
Beltrán subrayó que sus esfuerzos como concejal no han logrado obtener respuestas claras de la administración municipal, y que la denuncia penal se convierte ahora en un medio necesario para esclarecer los hechos. En un contexto de creciente desconfianza en la transparencia de los gobiernos locales, esta denuncia apunta a visibilizar y exigir claridad en la administración de los recursos públicos.
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